Un segundo avance en inclusión laboral

Carola Rubia

El próximo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, importante fecha que este año tiene un sentido adicional, especialmente, para quienes nos dedicamos a la inclusión de las personas con discapacidad, ya que después de dos años de su promulgación, ese día entrará en vigor la Ley 21.275 que modifica el Código del Trabajo, exigiendo a las empresas con más de 100 empleados la adopción de nuevas medidas que faciliten la inclusión de los trabajadores con discapacidad.

Si bien la Ley 21.015 de Inclusión Laboral -que comenzó a operar en abril de 2018- fue un gran avance, al contemplar la obligatoriedad de que las empresas con más de 100 colaboradores tuvieran que contratar el 1% de personas con discapacidad, diversos análisis apuntaron a la necesidad de complementarla con un mayor grado de conocimiento en las organizaciones.

“El 37,5% de las empresas no tiene a una persona o área responsable de la inclusión. Es clave no solo a cumplir la ley, sino también profesionalizar y lograr mayores grados de inclusión en sus organizaciones para las personas con discapacidad”.

Así nació la Ley 21.275 de Recursos Humanos Inclusivos, la cual obliga que todas las empresas sujetas a la Ley 21.015 deben implementar tres medidas adicionales. La primera, contar con al menos un experto en materias de inclusión laboral en el área de recursos humanos llamado Gestor de inclusión, el cual debe estar certificado por ChileValora. La segunda, elaborar e implementar anualmente programas de capacitación a su personal, con el fin de entregar herramientas para una inclusión laboral sostenible. La tercera y última es promover políticas de inclusión laboral en función de las normas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral en todas las actividades realizadas dentro o fuera de la jornada laboral.

Anticipándose a la entrada en vigor de la nueva Ley, las empresas de diferentes sectores han ido avanzando en su implementación. Según lo constatado en los resultados de la 8va Encuesta de Percepciones de las empresas sobre el cumplimiento de la Ley de Inclusión 21.015 aplicada por nuestra fundación, las compañías con más de 500 trabajadores/as (58,4%), y entre 100 y 500 trabajadores/as (78,8%) cumplen con el 1% exigido o alcanzan un porcentaje mayor del establecido en la normativa. Además, el 61,6% de las organizaciones declaran que sí tienen a una persona o a un área encargada de la realización de inclusiones laborales al interior de la organización, mostrando un importante avance.

Esto se complementa con que las empresas indican que los principales apoyos para el cumplimiento de la ley son: el soporte brindado por una entidad externa -por ejemplo, una fundación especializada-, tener un plan estratégico dentro de la empresa y las capacitaciones internas.

No obstante, en el mismo estudio el 37,5% señala que no tienen a una persona o área responsable de la inclusión en la empresa. Invitamos a las empresas, no solo a cumplir la ley, lo cual es lo mínimo requerido, sino también a profesionalizar y lograr mayores grados de inclusión en sus organizaciones para las personas con discapacidad de nuestro país.